La Constitución española garantiza la inviolabilidad del domicilio, por eso los jueces no acostumbran a autorizar registros domiciliarios si no se está investigando un delito grave. Para la SGAE sin embargo eso no es un obstáculo , tal y como se desprende de lo ocurrido el pasado martes en casa de un webmaster de sitios P2P (también lo cuentan en elmundo).
Con la complicidad de varios funcionarios judiciales y sirviéndose de engaños (afirmaron tener una orden de registro y no se identificaron como trabajadores de la SGAE), accedieron a su domicilio, lo registraron, inspeccionaron los equipos informáticos que encontraron y pretendieron llevárselos.
Después de dos horas la víctima del registro consigue contactar telefónicamente con el abogado David Bravo, quien solicita que se identifiquen todos los presentes y le lean la supuesta orden de registro. Ahí descubren que se encontraban frente a varios trabajadores de la SGAE (procuradora y perito informático), y que la orden solo pedía que el demandado (por vía civil) llevara él mismo al juzgado varias pruebas. Al final, tras una larga discusión, el abogado consigue que los intrusos abandonen el domicilio y dejen allí el hardware que pretendían llevarse; no sin que la secretaria judicial, cómplice del engaño, espetara: No te deberíamos haber dejado llamar al abogado.
¿Que os parece?
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